La discusión que tenemos que dar: Cuestiones de tiempo y espacio

Maria Eugenia Oholeguy

Lo dicho y repetido tantas veces en espacios de intercambio, charlas y talleres, hoy es una tarea ineludible para una fuerza política con vocación transformadora como el Frente Amplio: pensar y discutir en términos estratégicos como izquierda para trascender los temas de agenda e incluso de discusión programática en ciclos quinquenales, y así poder trazarnos nuevos horizontes de construcción colectiva ¿Pero esto qué significa?

En primer lugar, imaginarnos colectivamente y con la mayor libertad posible qué sociedad queremos y cuál debería ser la estrategia para avanzar hacia ella. Sin sujetarnos a las decisiones ya tomadas como gobierno en algunas materias, o al contexto actual. Pero antes que cualquier otra cosa, debemos revisar nuestros principios éticos de acuerdo a las transformaciones sociales que vamos transitando. Para luego sí, plantearnos el ejercicio de discutir e intentar llegar a grandes acuerdos en la estrategia política a seguir.

Pero pensar y discutir con libertad implica necesariamente salirnos de algunas estructuras de razonamiento (y por momentos también de las formas que exige la academia para la producción de conocimiento). Entonces ¿cómo hacerlo? ¿Entre quiénes? ¿En qué ámbitos? ¿Con qué herramientas? ¿Con qué lenguaje? Todo ello es determinante de qué tan amplio sea este debate, y por lo tanto, a qué sectores de la sociedad vamos a incluir.

Estos años que tenemos por delante fuera de las responsabilidades de gobierno, son clave para redefinir el proyecto político que tenemos como izquierda, pero también para definir la estrategia de acumulación y alianzas con sectores de la sociedad. En este sentido, propongo algunas reflexiones a partir de la lectura del documento y desde la práctica política.

LOS PUNTOS QUE (YA) NO PODEMOS ELUDIR

En un contexto de retroceso en el que la democracia nuevamente pasa a ser la principal reivindicación de la izquierda (uruguaya y latinoamericana), y asumiendo que no es casual que ante avances en la restitución de derechos de la población, aún dentro de sociedades que mantienen enormes brechas de desigualdad(es), surjan reacciones conservadoras; la pregunta es ¿cuál debería ser entonces nuestra estrategia de cara a esta etapa que comienza? ¿Seguir avanzando en base a pisos incrementales o construir una nueva propuesta de proyecto político de izquierda para el país?

La mejor forma de defender la democracia es profundizarla, y para eso, al concepto de democracia -desarrollado en el documento de partida como «democracia política, las libertades públicas, el pluripartidismo y las elecciones transparentes»- debería sumársele el de participación política ciudadana (aunque pueda estar implícito en lo anterior). Integrando además el concepto de democracia paritaria, que garantice que todas y todos participen en las decisiones de la sociedad organizada desde distintos ámbitos, defendiendo la Política como el camino hacia las transformaciones más profundas.

Una fuerza política de izquierda viva, es la que está siempre en la frontera de la justicia social. Moviendo el límite más allá. En este sentido, los feminismos sociales y políticos expresados en esta nueva ola, están llevando la delantera con la discusión del poder. No se trata de que las mujeres (y disidencias) alcancen los mismos derechos que el hombre en una sociedad de por sí desigual también en términos de clase, etnia, y demás desigualdades; se trata de repensar las estructuras económicas y políticas de poder, que determinan estas desigualdades.

Resulta interesante pensar el vínculo entre la profundización de la democracia y la idea de soberanía. Soberanía entendida como poder que emana de un cuerpo social heterogéneo y no de una homogeneidad ficticia y normalizante, que sea una aspiración para transformar los modelos de producción, energía, sistemas agroalimentarios, y también la generación de conocimiento.

Es ineludible la crítica y superación del sistema capitalista en el que se configuran las condiciones de acumulación de riqueza y poder a través de alianzas entre los sectores que conforman el status-quo de nuestra sociedad. Entre ellos los grandes capitalistas, las cúpulas militares, las corporaciones profesionales y las élites del conocimiento, la Iglesia (y otras expresiones religiosas que vienen ganando poder), y los sectores políticos conservadores.

Pensar en términos de asimetrías de poder es clave; algo que resulta evidente en la comunicación y el control sobre los grandes medios, pero que no se agota en ello. Existe también una creciente asimetría de poder en el acceso a la información de la ciudadanía sobre las grandes decisiones económicas, que cada vez más se toman a nivel de conglomerados empresariales que operan fuera de fronteras y de las que muchas veces la política es apenas testigo.

Disminuir las disparidades de poder implica también ampliar el acceso a la información ciudadana como objetivo en sí mismo y desde todas las áreas del Estado y el sector privado, a través de la regulación. En un contexto de concentración creciente del capital, la capacidad del Estado de contrarrestar el poder de la industria es cada vez menor, también con los mensajes y la información dirigidos a la ciudadanía (o consumidores para la industria).

Y si de cada necesidad surge un derecho, tenemos que discutir también una nueva agenda que incorpore derechos, necesidades básicas como la vivienda y el acceso a los servicios de agua, energía y comunicaciones. Para esto, partir del concepto de pobreza energética que se define a partir de reconocer mínimos necesarios de consumo energético, puede ser una forma.

DEFINICIÓN IDEOLÓGICA Y TRADUCCIÓN POLÍTICA: EL EJEMPLO DE LAS TRANSFERENCIAS

Esta dicotomía de ciudadanos versus consumidores, que es usada tantas veces para cuestionar avances logrados en los gobiernos progresistas en materia de mejora de las condiciones de vida de la población, puede ser un poco reduccionista pero al mismo tiempo útil en esta tarea de redefinir la estrategia. Para esto tendríamos que empezar preguntando ¿Qué hubiese implicado formar ciudadanos y no consumidores? ¿Qué tendríamos que haber hecho distinto?

Voy a poner como ejemplo las políticas orientadas a la mitigación de la pobreza, como las transferencias monetarias dirigidas a población “vulnerable”. Hay una primera discusión que hace a si estas políticas fueron efectivas para la “superación” de la pobreza, y se pone en cuestión (no sólo desde filas de la derecha) la necesidad de mantener transferencias monetarias de determinada envergadura, en contextos de caída de la pobreza y del desempleo.

Con los cambios introducidos en la matriz de protección social, en particular a partir del Plan de Equidad, que incorporan una perspectiva de Derechos y apuntan a la construcción de ciudadanía y a la inclusión social; hubo un viraje en el diseño de las políticas que incluyó la transformación de otras modalidades de asistencia (entrega directa de alimentos, comedores, etc) en transferencias monetarias. Estos programas lograron llegar a poblaciones que siempre estuvieron excluidas de la protección social y, a su vez, la adopción de criterios técnicos de selección de los hogares participantes, significó una ruptura con los tradicionales mecanismos clientelares de la política social. Esto puede ser considerado como un cambio de paradigma asistencialista a uno de Derechos, donde el punto de partida no es la presencia de personas con necesidades o riesgos, sino la existencia de ciudadanos con derechos sociales exigibles.

Sin embargo, estos avances a su vez, fueron consolidando un sistema dual de protección; con unas prestaciones para quienes “contribuyen” con aportes a la seguridad social y otras para quienes no realizan estos aportes. Esta dualidad la vemos también en el acceso a la atención en salud, donde aún con la creación del Fonasa persisten diferencias en las prestaciones ofrecidas a quienes tienen cobertura por Fonasa y quienes la tienen por ASSE.

La reforma del Plan de Equidad creó el pilar no contributivo de las Asignaciones Familiares, con una prestación monetaria de distintas condiciones que las ya tradicionales asignaciones. Las diferencias entre el pilar contributivo y el no contributivo, no radican solamente en los montos correspondientes, sino en la exigencia de controles, definidos en términos de condicionalidades o contraprestaciones para recibir la prestación. Condicionalidades que terminan reforzando el discurso de que hay “pobres merecedores” y “no merecedores” de asistencia, al mismo tiempo que legitima la idea de que es responsabilidad de la familia únicamente, lograr el acceso a la salud y a la educación de los niños, niñas y adolescentes que tienen a su cargo. Asimismo, llamarles “no contributivas” también está dando una idea incorrecta de que quienes las reciben solo reciben y no aportan, siendo que en ambos pilares hay financiamiento por rentas generales, y que todos los hogares pagan impuestos indirectos como el IVA, justamente a través del consumo. Lo mismo con la falsa presunción de que quienes reciben estas prestaciones no trabajan, o no buscan trabajo.

Por otro lado, también los instrumentos que se utilizan como parte de la prestación generan sus propios efectos de política. Esto es muy claro con los programas focalizados en la población de mayor vulnerabilidad, como en el caso de la Tarjeta Uruguay Social (ex Tarjeta Alimentaria) que cuenta con mecanismos de selección de la población y un instrumento de pago específicos. Para acceder a esta prestación, se exige una “visita” al hogar que tiene como objetivo la comprobación de los medios de vida del mismo y determinar si le “corresponde” o no la prestación. De esta forma, se reproduce el mismo discurso de merecedores y no merecedores de “ayuda”, que muchas veces se asocia a cuestiones que no tienen que ver estrictamente con el criterio de ingreso al programa. Existe así un efecto de separar institucionalmente (normativa, prestador, monto, condiciones) las transferencias que realiza el Estado a los hogares y las personas, que trasciende al objetivo de la política y favorece un discurso responsabilizador de la pobreza.

Emergen entonces una serie de preguntas que podríamos hacernos en el contexto actual, sobre el rol de estos programas en la red de protección social. Qué discurso alimentan estas políticas a través de sus diseños y cómo gestionar la tensión entre la legitimación de estos discursos y la viabilidad de la política.

Más allá de que exista una falsa oposición entre lo que implica formar ciudadanos o consumidores, cuando la idea de ciudadanía está definida por ciertos derechos y obligaciones, y la de ser consumidores por destinar sus ingresos mayoritariamente a la compra de productos cuya necesidad es generada por el mercado; si aspiramos a que no haya ciudadanos por un lado y personas destinatarias de asistencia por otro, es necesaria la consolidación de un sistema de protección social con mayores niveles de integración y cobertura, y estructurado en base al principio de igualdad.

Para cerrar, a las discusiones programáticas debería antecederles un debate sobre los límites de lo “tolerable” en términos de pobreza y desigualdad, que necesariamente se traduce en transformaciones más profundas y en una nueva generación de reformas estructurales.

Nos queda la tarea de definir metodológicamente el proceso de discusión. Y empezar.

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